Protestas ngäbe y buglé en San Félix

<p><a href=”http://vimeo.com/20351468″>Protesta Ngäbe-Buglé en el cruce de San Félix. 24 de febrero</a> from <a href=”http://vimeo.com/user5965063″>Francisco Gómez</a> on <a href=”http://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

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Video de la manifestación antiminera en Panamá

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La protesta antiminera es masiva y extendida en Panamá

Panamá, 15 de feb. 13 h

A los casi 3.000 manifestantes concentrados en el cruce de San Felix se unen numerosas protestas por el resto de país, con una masiva presencia de ciudadanos que dicen NO a la minería a cielo abierto y No a la reforma del Cófigo Minero aprobda por el Gobierno de Ricardo Martinelli.

En Ojo de Agua y el puente de Viguí hay un millar de personas concentradas que cortan la carretera y en Tolé mas de un millar de campesinos de indígenas se concentran para cerrar tambien uno de los paños de la vía.

Tambien hay protestas en Río Cobre, Chorcha, y en Santiago de Veraguas. En Boca de Monte hay concentardas unas 200 personas y se registraron cortes en Puerto Armuelles y Changuinola. Esta tarde hay convocada una concentración frente a la iglesia de El Carmen, en ciudad de Panamá.

De momento todo transcurre con normalidad y de forma pacífica, y no se observan policías en los puntos de protesta. Sin embargo, hay noticias de antimotines en zonas cercanas, a la espera.

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Dos millares de manifestantes se dirigen hacia la Interamericana desde San Felix

Martes 15 de feb. 12:06.

Dos millares de indígenas ngäbe y campesinos se han concentrado desde primera hora en la cancha de San Felix, en el oriente de la provincia de Chiriquí. A las 12 a.m han empezado a trasladarse hasta el cruce de la carretera Interamericana, donde está previsto realizar un corte como protesta por los cambios en el Código Minero y en contra de la explotación minera a cielo abierto en las comarcas indígenas de Panamá. Los manifestantes provienen de más de 70 comunidades de la zona. Este corte se unirá a los que ya se han reportado en la carretera a la altura de Chorcha y en Santiago de Veraguas. La alcaldesa de la zona ordenó el cierre de todos los negocios, y se nota una fuerte presencia de unidades antimotines en toda la provincia a pesar de las declaraciones del Gobierno, en el sentido que no se enviarían para evitar confrontaciones y llamar a un supuesto diálogo. La población no cree en el discurso gubernamental.

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Hoy en Panamá Caminata y Vigilia por el respeto a la Dignidad

Miércoles 26 de Enero, 5:30 pm. Parque Porras

Recorrido: Caminata con velas desde el Parque Porras, pasando por los predios del Hospital Santo Tomás y de vuelta al Parque Porras en donde se efectuará una vigilia con canto y poesia.

LLEVEMOS TODAS LAS VELAS QUE PODAMOS, NO MAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN PANAMÁ!

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Ganadera Bocas no tiene límite

Los indígenas Naso en la provincia de Bocas del Toro (Panamá) han vuelto a denunciar los intentos de Ganadera Bocas de acumular tierra a través de Reforma Agraria en contra de la legislación nacional, usando testaferros para disimular que todas lastierras socilitadas, algo más de800 hectáreas, son para la familia de Mario Guardia. haga click acá para ver lo publicado por La Prensa.

Este es el comunicado hecho público ayer lunes 10 de enero por los Naso:

Comunicado de prensa del Pueblo Originario Naso
Lunes 10 de enero de 2011.
A través del presente comunicado de prensa, el Pueblo Naso, DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE una iniciativa más de robo de nuestras tierras que en este momento  impulsa la familia de Mario Guardia. Este delincuente ha robado miles de hectáreas anteriormente en la provincia de Bocas del Toro, propiedad ANCESTRAL de los Pueblos Originarios Ngäbe y Naso pero ahora toda la manada de carroñeros se han unido para apropiarse de nuestra Provincia.

El pasado miércoles 22 de abril de 2009, el periódico La Estrella de Panamá, en las páginas de los clasificados, en la sección de Edictos, apareció ocho (8) anuncios en donde los hermanos, hermanas hijos (as), cuñados (as), yernos y nueras del delincuente Mario Guardia, propietario de la empresa Ganadera Bocas, S. A., les están solicitado a la Reforma Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Región No. 9, de la Provincia de Bocas del Toro, cada uno de ellos una muy considerable cantidad de terrenos con miras a apropiarse de toda esta región. Estas solicitudes la logramos paralizar en ese momento a través de un recurso legal de oposición que interpusimos en la instancia correspondiente.

No obstante, en estas dos (2) primeras semanas de enero de 2011, estos mismos especuladores nuevamente han retomado su solicitud esta vez más ensañados para apropiarse de manera sigilosamente rápida de nuestras tierras.

Las citadas solicitudes están formuladas de la forma que describimos a continuación.

1.     Dirección Nacional de Reforma Agraria, Región, No. 9, Bocas del Toro. Edicto No. 1-132-2009, donde hace constar que Isabel Marie Guardia Bay, “vecina de San San”, Corregimiento de Guabito, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, le solicita a esa instancia, la adjudicación de un titulo oneroso de una parcela de tierra con una superficie de 92 hectáreas, ubicado en la localidad de San San, Corregimiento de Guabito, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.
2.     Por su parte y con las mismas características de redacción y a solicitud de Harold Richmond Phillipps Alzamora, a través del Edicto No. 1-128-2009, solicita la adjudicación de un titulo oneroso a su nombre de 120 hectáreas, ubicado en el mismo área y con las mismas condiciones.
3.     Bajo el mismo modelo de solicitud a través del Edicto No.1-130-2009, Bartola Hurtado Flores, al igual que los anteriores manifiesta ser “vecina de San San”, y la misma le solicita a Reforma Agraria a nombre personal, la adjudicación de un titulo oneroso por la cantidad de 124 hectáreas con la misma ubicación y con las mismas características.
4.     Elena Patricia Guardia Bay de Medina, bajo el Edicto No. 1-131-2009, solicita adjudicación de un titulo oneroso, de 84 hectáreas en el mismo lugar y con las mismas características a las anteriores.
5.     Eduardo Antonio Medina Estenoz, le solicita a esta misma instancia bajo el Edicto No. 1-129-2009, la adjudicación de un titulo oneroso a su nombre de 116 hectáreas, en el mismo lugar y con las mismas características.
6.     Teresa Del Carmen Guardia Bay, bajo el Edicto No. 1-127-2009, solicita la adjudicación de un titulo oneroso de 92 hectáreas de terrenos ubicado en el mismo área y con las mismas características.
7.     Jorge Alfredo Arauz Guardia, quien dice ser también “vecino de San San”, solicita a Reforma Agraria a través del Edicto No. 1-126-2009, bajo su nombre adjudicación de un titulo oneroso de 111 hectáreas, con la misma ubicación y con las mismas características.
8.     Andrés Arauz Baúles, solicita a través del Edicto No. 1-079-2009, a su nombre la adjudicación de un titulo oneroso de dos (2) globos de terrenos. El primero (A), ubicado en Guamerú, comunidad Ngäbe, Corregimiento de Guabito, Distrito de Changuinola, con una superficie de 42 hectáreas. El segundo globo (B) de terreno está ubicado en  Guamerú, comunidad Ngäbe, Corregimiento de Guabito, Distrito de Changuinola, con una superficie de 59 hectáreas.

En sus escritos de solicitud de adjudicación de titulo de grandes cantidades de terrenos, presentado a través de su actual representante legal, la abogada Alma Reina Fernández Jiménez, estos sujetos dicen ser “vecinos” de San San, por ende, vecinos del Corregimiento de Guabito, por lo que hemos resuelto.

Ø  DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE a estos delincuentes especuladores ya que todos son Cedula No. 8, de la Provincia de Panamá y sus residencias como tal están registradas en la Provincia de Panamá, Ciudad de Panamá, más NO en nuestras comunidades como  ellos (as) lo manifiestan en sus escritos. Aquí en nuestras comunidades NO conocemos a estos delincuentes ni lo queremos ver por acá.  Esto se puede corroborar en el Tribunal Electoral.
Ø  DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE que estos delincuentes especuladores han estado tramando toda clase de maniobras para de una forma u otra robarles la herencia ANCESTRAL a nuestras comunidades Ngäbe y Naso a través de estas solicitudes evidenciando que están acostumbrados a especular de esta manera haciendo “legal” las ilegalidades.
Ø  DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE a estos delincuentes especuladores ya que es evidente que toda esta manada de carroñeros se han unido para conformar lo que en material legal se le llama, ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR.

Manifestamos.

Ø  QUE EL PUEBLO ORIGINARIO NASO, nos mantendremos en pie de lucha y defenderemos nuestras tierras porque NO permitiremos que estos delincuentes especuladores nos roben nuestra herencia legada de nuestros Ancestros.
Ø  EXIGIMOS a las autoridades del gobierno panameño que NO le otorguen adjudicación a estos delincuentes especuladores de nuestras tierras Ancestrales Ngäbe y Naso.
Ø  ACTIVAMOS nuestro llamado de alerta frente a este nuevo atentado en contra del Pueblo Naso y comunidades Ngäbes por parte de estos delincuentes especuladores.
Ø  EXIGIMOS LA PRONTA ACTIVACION DE LA PROPUESTA DE LEY COMARCA NASO, antes que nada, y mucho menos que nuestras tierras pasen a manos de estos delincuentes especuladores.
Ø  HACEMOS UN LLAMADO URGENTE a todas y todos a solidarizarse con la causa del Pueblo Naso y las comunidades Ngäbes, y que nos colaboren con la divulgación del presente Comunicado de prensa, a la faz del planeta en el que DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE A ESTOS DELINCUENTE ESPECULADORES

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Reporteros sin Fronteras y la nueva legislación panameña

Retrógrada y peligrosa reforma del Código Penal propone sancionar con
prisión la ofensa al Jefe de Estado

El anteproyecto de ley 105 que prevé penas de dos a cuatro años de prisión
para aquellos que ofendan al presidente de la República o a los
representantes elegidos por sufragio universal, constituye un grave
retroceso en materia de libertad de expresión. Ya que el debate sobre este
tema debe retomarse el 11 de enero de 2011, Reporteros sin Fronteras
solicita a la Asamblea Nacional no aprobar este texto.

El proyecto de ley, presentado el 5 de enero por el presidente de la
Asamblea Nacional, José Muñoz, miembro del partido Cambio Democrático (al
que también pertenece el jefe de Estado, Ricardo Martinelli) y por el
diputado suplente Agustín Sellhorn, prevé incluir en el Código Penal el
artículo 439-A, el cual estipula que : “Quien infundadamente ofenda, ultraje
o vilipendie públicamente al presidente de la República o a cualquier
servidor público que sirva en cargos de elección popular, será sancionado
con dos a cuatro años de prisión”.

Una disposición como esta viola la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en su
apartado número 11 establece que: “Los funcionarios públicos están sujetos a
un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la
expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas
como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el
derecho a la información”. Ese argumento es el nuestro: un personaje público
está por naturaleza expuesto a la crítica pública, castigarla con prisión
vuelve a instaurar la censura y la autocensura. Asimismo, no es compatible
con los principios del Estado de Derecho.

Ricardo Lombana, presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de
Periodismo calificó en la prensa esta propuesta de “retrógrada”, puesto que
únicamente pretende proporcionar los medios para castigar las ofensas contra
los servidores públicos. “Esta iniciativa es inconstitucional. El vilipendio
(ofensa) a un funcionario público no constituye un delito. No se trata de un
atentado contra el honor, sino de una falta de respeto que no se puede
castigar con cárcel”, precisó.

“Esta proposición es absurda, que echa por tierra los avances en materia de
libertad de expresión”, señaló por su parte Guido Rodríguez, presidente del
Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión.

Actualmente se debaten en la Asamblea Nacional cuatro propuestas relativas
al derecho de la prensa y la libertad de expresión. Una de ellas, presentada
en octubre de 2010 ante el Parlamento, prevé aumentar la pena máxima de los
delitos contra el honor, de 18 meses a cinco años de prisión. En un contexto
de tensión creciente entre el poder ejecutivo y una parte de la prensa,
Reporteros sin Fronteras recuerda que recientemente se sancionó a dos
periodistas con una pena de un año de prohibición de ejercer su oficio (
http://es.rsf.org/panama-una-jurisdiccion-de-apelacion-07-10-2010,38509.html).
Panamá perdió 26 lugares (ocupa el 81 de entre 178 países) en la última
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa establecida por Reporteros
sin Fronteras.

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