Reporteros sin Fronteras y la nueva legislación panameña

Retrógrada y peligrosa reforma del Código Penal propone sancionar con
prisión la ofensa al Jefe de Estado

El anteproyecto de ley 105 que prevé penas de dos a cuatro años de prisión
para aquellos que ofendan al presidente de la República o a los
representantes elegidos por sufragio universal, constituye un grave
retroceso en materia de libertad de expresión. Ya que el debate sobre este
tema debe retomarse el 11 de enero de 2011, Reporteros sin Fronteras
solicita a la Asamblea Nacional no aprobar este texto.

El proyecto de ley, presentado el 5 de enero por el presidente de la
Asamblea Nacional, José Muñoz, miembro del partido Cambio Democrático (al
que también pertenece el jefe de Estado, Ricardo Martinelli) y por el
diputado suplente Agustín Sellhorn, prevé incluir en el Código Penal el
artículo 439-A, el cual estipula que : “Quien infundadamente ofenda, ultraje
o vilipendie públicamente al presidente de la República o a cualquier
servidor público que sirva en cargos de elección popular, será sancionado
con dos a cuatro años de prisión”.

Una disposición como esta viola la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en su
apartado número 11 establece que: “Los funcionarios públicos están sujetos a
un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la
expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas
como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el
derecho a la información”. Ese argumento es el nuestro: un personaje público
está por naturaleza expuesto a la crítica pública, castigarla con prisión
vuelve a instaurar la censura y la autocensura. Asimismo, no es compatible
con los principios del Estado de Derecho.

Ricardo Lombana, presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de
Periodismo calificó en la prensa esta propuesta de “retrógrada”, puesto que
únicamente pretende proporcionar los medios para castigar las ofensas contra
los servidores públicos. “Esta iniciativa es inconstitucional. El vilipendio
(ofensa) a un funcionario público no constituye un delito. No se trata de un
atentado contra el honor, sino de una falta de respeto que no se puede
castigar con cárcel”, precisó.

“Esta proposición es absurda, que echa por tierra los avances en materia de
libertad de expresión”, señaló por su parte Guido Rodríguez, presidente del
Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión.

Actualmente se debaten en la Asamblea Nacional cuatro propuestas relativas
al derecho de la prensa y la libertad de expresión. Una de ellas, presentada
en octubre de 2010 ante el Parlamento, prevé aumentar la pena máxima de los
delitos contra el honor, de 18 meses a cinco años de prisión. En un contexto
de tensión creciente entre el poder ejecutivo y una parte de la prensa,
Reporteros sin Fronteras recuerda que recientemente se sancionó a dos
periodistas con una pena de un año de prohibición de ejercer su oficio (
http://es.rsf.org/panama-una-jurisdiccion-de-apelacion-07-10-2010,38509.html).
Panamá perdió 26 lugares (ocupa el 81 de entre 178 países) en la última
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa establecida por Reporteros
sin Fronteras.

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